La digitalización ha transformado la forma en que las organizaciones desarrollan su actividad. La automatización de procesos, el acceso ágil a la información y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas han contribuido a mejorar la eficiencia y la prestación de servicios. Sin embargo, esta creciente dependencia de los sistemas digitales también ha ampliado la superficie de ataque y exposición a los ciberdelitos, convirtiendo la protección de los datos y de las infraestructuras tecnológicas en una prioridad.
Un ciberataque ya no representa únicamente un riesgo para la confidencialidad de la información. También puede interrumpir procesos, comprometer la operativa diaria y dificultar la continuidad de la actividad. En este escenario, el aumento de los ciberdelitos obliga a empresas e instituciones a reforzar sus estrategias de prevención y respuesta, especialmente en aquellos sectores que gestionan información sensible o dependen de sus sistemas tecnológicos para prestar servicios esenciales.
La amenaza digital crece en España
Los datos del Ministerio del Interior reflejan la dimensión que ha adquirido la cibercriminalidad en España. Los ciberdelitos han pasado de 92.716 hechos conocidos en 2016 a 488.426 en 2025, lo que supone un incremento del 427 % en menos de una década. Solo entre 2024 y 2025, los casos aumentaron un 5,1 %, al pasar de 464.801 a 488.426.
El peso de estos delitos dentro del conjunto de las infracciones penales registradas también evidencia la magnitud del problema. En 2025, los ciberdelitos representaron el 19,8 % del total de infracciones penales conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En otras palabras, prácticamente uno de cada cinco delitos registrados estuvo relacionado con el uso de tecnologías digitales.
«Estas cifras muestran que la cibercriminalidad ya no puede considerarse una amenaza puntual o limitada a determinados perfiles de organizaciones. El volumen y la evolución de los ataques hacen necesario que la ciberseguridad forme parte de la estrategia de las empresas y entidades, con medidas de prevención y protección adaptadas a los riesgos a los que están expuestas», explica Ruth Cuscó, directora gerente de ASHO.
El reto del sector sanitario de proteger la información sensible
Dentro de este escenario, el sector sanitario se enfrenta a desafíos particulares. Hospitales, centros de salud y otras organizaciones asistenciales gestionan diariamente historias clínicas, informes médicos, resultados de pruebas diagnósticas y otros datos personales especialmente sensibles. Al mismo tiempo, dependen de sus sistemas tecnológicos para garantizar el funcionamiento de sus servicios.
Esta combinación convierte a las entidades sanitarias en un ámbito especialmente expuesto a las consecuencias de los ciberdelitos. Una brecha de seguridad puede comprometer la privacidad de los pacientes, mientras que un ataque de ransomware o una interrupción de los sistemas puede dificultar el acceso a la información clínica y afectar al trabajo de los profesionales.
«La ciberseguridad sanitaria debe proteger la confidencialidad y la integridad de la información, además de contribuir a preservar la continuidad de los servicios. Frente al phishing, los accesos no autorizados, las filtraciones o el ransomware, es necesario combinar tecnología, formación y capacidad de prevención, respuesta y recuperación», explica Alex Galussio, experto en ciberseguridad de ASHO.
El impacto de estos incidentes va, por tanto, más allá del posible robo o filtración de datos. Un ataque puede impedir durante horas o incluso días el acceso a información imprescindible para la actividad asistencial, dificultar la labor de los profesionales y alterar el funcionamiento habitual de los centros. Por ello, prevenir los ciberdelitos y minimizar sus consecuencias resulta fundamental para proteger tanto la información como la continuidad de los servicios sanitarios.
La prevención, primera línea de defensa
Ante este panorama, las organizaciones sanitarias deben abordar la ciberseguridad desde una perspectiva integral. La protección frente a los ciberdelitos requiere combinar soluciones tecnológicas, protocolos de actuación y medidas destinadas a reducir los riesgos asociados al uso cotidiano de los sistemas digitales. La identificación de vulnerabilidades, la actualización de las herramientas y la formación de los profesionales constituyen algunos de los pilares de esta estrategia.
«Debemos segmentar la red mediante VLAN y controlar el tráfico entre ellas, así como mantener los routers y los firewalls con revisiones periódicas de sus reglas y configuraciones, y actualizar el firmware, los sistemas operativos y las aplicaciones de los equipos», señala Galussio.
Un ataque puede impedir durante horas o incluso días el acceso a información imprescindible para la actividad asistencial
En ASHO, este enfoque se traduce en medidas concretas, como la autenticación de doble factor para los accesos remotos, la aplicación de políticas de seguridad en los equipos, la monitorización de eventos y la revisión periódica de las configuraciones y los servicios expuestos.
La supervisión continua también desempeña un papel importante en la detección temprana de posibles incidentes. «El departamento informático trabaja conjuntamente con el área de calidad y realiza revisiones quincenales, conservando evidencias de los controles realizados, con el objetivo de identificar desviaciones y dar seguimiento a las medidas correctoras», explica el experto.
A estas medidas se suma la necesidad de disponer de copias de seguridad protegidas y comprobar periódicamente que los datos y servicios pueden recuperarse. Esta capacidad resulta esencial para limitar el impacto de los ciberdelitos y restablecer la actividad en el menor tiempo posible tras un incidente.
«No basta con disponer de una copia: hay que comprobar que permite restaurar los datos y los servicios cuando se necesitan», concluye Galussio.
En definitiva, el incremento de los ciberdelitos refuerza la necesidad de que las organizaciones sanitarias integren la ciberseguridad en su gestión diaria. La combinación de prevención, supervisión, formación y capacidad de recuperación permite reducir los riesgos y proteger un activo esencial: la información de los pacientes y la continuidad de la atención sanitaria.
