Las empresas tecnológicas más potentes del planeta han decidido plantarse en bloque ante el Gobierno de Estados Unidos, en relación a la venta y uso por parte de los departamentos de seguridad del estado de sus softwares de reconocimiento facial, hasta que no se promueva una nueva ley federal que regule su correcta aplicación y respetando los derechos fundamentales y humanos básicos.
El pasado miércoles 10 de mayo de 2020 Microsoft también informó que no vendería su tecnología de reconocimiento facial a la Policía de Estados Unidos, como gesto de compromiso ante la injusticia racial sufrida en el caso George Floyd, y en un clima de manifestaciones sociales multitudinarias que denunciaban la brutalidad de los agentes de Mineápolis.
Brad Smith, presidente de Microsoft declaraba para The Washington Post que habían decidido no vender su tecnología de reconocimiento facial a los departamentos de Policía de Estados Unidos, mientras no se apruebe una ley en todo el país que asegure los derechos humanos y que sirva de guía o manual de uso y buenas prácticas para las mismas.
El pasado miércoles 10 de mayo de 2020 Microsoft también informó que no vendería su tecnología de reconocimiento facial a la Policía de Estados Unidos
Microsoft se suma así a la decisión tomada recientemente por los otros grandes de la tecnología como Amazon e IBM, que ya se plantaban en los mismos términos y condiciones que ahora Microsoft, con la única finalidad de dar una respuesta empresarial a las crecientes demandas sociales, y también como garantía de uso correcto de sus tecnologías.
Amazon ha prohibido a la Policía de EE.UU. el uso de su aplicación de reconocimiento facial durante doce meses, en respuesta también a las exigencias que se remontan a hace dos años, de muchos activistas que denunciaban falsos positivos en reconocimientos que habían derivado en detenciones injustas y erróneas, con el consiguiente problema que ello suponía.
Por su parte IBM también ya ha dejado de servir su software de reconocimiento facial y análisis a las fuerzas de la ley, en base al mismo compromiso que muestran todo los gigantes tecnológicos en estos días. Un ejercicio de responsabilidad empresarial y también de empatía para con los ciudadanos que cada vez tienen más dudas sobre estos sistemas y aplicaciones.
Y aunque esta tecnología resulta de gran utilidad para la seguridad de todos, se hace necesario un uso correcto y sobre todo regulado, de los mismos, donde queden aseguradas las garantías de derechos fundamentales de los ciudadanos así como cierto margen o flexibilidad de defensa y exploración ante posibles errores o fallos del mismo.
No es materia sencilla ni para la industria ni para las administraciones, pero si queremos que estos dispositivos funcionen a pleno rendimiento, con seguridad y sobre todo con garantías de igualdad social, hay que ponerse muy serios, sentarse a una mesa y establecer un diálogo entre expertos y administraciones de justicia para calibrar cómo deben funcionar a partir de ahora.
