La tradicional protesta del campo por los bajos precios que se pagan en origen a los productores, es una de las principales causas que motivan las movilizaciones que convocan recurrentemente las organizaciones agrarias para denunciar la crisis que vive el sector, por el conflicto que tienen los agricultores y ganaderos con las cadenas de supermercados, con los grandes grupos de distribución y, en general, con la industria alimentaria.
Las administraciones públicas no son ajenas a esta cuestión y se han tomado iniciativas para coordinar la búsqueda de soluciones para paliar esta situación, como incrementar la dotación pública a los seguros agrarios, y la trasposición al Ordenamiento Jurídico español de la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario (IPN/CNMC/015/20).
De esta forma, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Ley 8/2020, de 16 de diciembre modificó la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, con la finalidad de evitar los desequilibrios en el poder de negociación entre proveedores y compradores de productos agrícolas y alimentarios, reforzando para ello la norma referente a las prácticas comerciales abusivas.
Este debate no es exclusivo de España, sino que afecta a toda la Unión Europea, donde han de conciliarse los intereses del sector primario con las exigencias ambientales incorporadas por la reforma de la PAC (Política Agrícola Común) en junio de 2013, cuyo objetivo es lograr una mejor orientación de las ayudas a los agricultores activos junto con un papel más preponderante de los aspectos medioambientales, mediante un pago específico ligado a ellos (“greening”) para lograr un sistema más sostenible.
Complementando estas medidas y mirando al futuro, la tecnología puede contribuir a lograr una explotación agrícola más eficiente y respetuosa con el Medio Ambiente. En esta línea, en septiembre de 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Pontificia Academia para la Vida (Vaticano), Microsoft e IBM organizaron una Conferencia Internacional online llamada “IA, comida para todos. Diálogo y experiencias”, en el que se abordaron cuestiones como el cambio climático, el crecimiento demográfico, el agotamiento de los recursos naturales, la gestión del agua y la necesidad de conseguir la seguridad alimentaria en forma sostenible.
En efecto, la ciberagricultura puede contribuir decisivamente a crear fórmulas inclusivas y sostenibles para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población, de la misma forma que la aparición de la maquinaria agrícola permitió multiplicar el rendimiento de los cultivos y el riego por goteo supuso una auténtica revolución, que hizo posible la implantación de la agricultura en lugares donde antes hubiera sido imposible debido a la escasez de agua.
Dando un paso más, la inteligencia artificial (IA) puede aplicarse en la agricultura para la monitorización de los campos de cultivo y la realización de análisis productivos, así como en el manejo de la robótica agrícola; lo que contribuiría a optimizar las tareas de plantación y cosecha, aumentando su productividad, con lo que se lograría mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales del campo, cuya herramienta principal pasaría a ser una tablet en lugar de un azadón, así como una gestión más eficientemente y respetuosa con el Medio Ambiente.
La ciberagricultura puede contribuir decisivamente a crear fórmulas inclusivas y sostenibles para lograr la seguridad alimentaria
En esta línea existen diversas iniciativas, como el programa “Copernicus”, –inicialmente llamado “Global Monitoring for Environment and Security” (GMES)–, que es un proyecto de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Europea de Medio Ambiente de la Unión Europea, que usa la información geoespacial proporcionada por una pluralidad de satélites (“Sentinel”) y sensores localizados en estaciones terrestres, para obtener resultados que sean libremente accesibles, en especial, para la comunidad científica, con la finalidad de gestionar los efectos del cambio climático y mejorar la conservación del Medio Ambiente.
De esta forma, uno de los objetivos de “Copernicus” es el apoyo y la promoción de una agricultura de precisión, el establecimiento de sistemas de predicción y, si es posible, prevención de incendios, sequías, inundaciones, plagas, incidencias meteorológicas y otros desastres naturales, así como la optimización de la gestión del suelo y los recursos naturales. Asimismo, toda esta información enriquece los datos de las Apps de uso agrícola para labores como escoger fertilizantes y pesticidas o regular el riego.
Ello se logra mediante la obtención de imágenes ópticas multiesprectrales (en las que se capturan datos de imágenes dentro de rangos de longitud de onda específicos a través del espectro electromagnético) que permitan, por ejemplo, hacer seguimiento del índice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index, por sus siglas en inglés), usado para estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación.
El posterior análisis de los datos es útil para detectar enfermedades de los cultivos, problemas de déficit iluminación o riego, etc., y, en el futuro, la ciberagricultura también podrá contribuir a la mejora de la calidad de los productos, mediante el uso de técnicas que permitan, por ejemplo, potenciar el sabor de las plantas o diseñarlas a medida de los gustos de los consumidores.
Estas técnicas no tendrían los efectos intrusivos que se le reprochan a la geoingeniería solar, usada para provocar cambios en la atmósfera (como, por ejemplo, hacer que llueva en una determinada zona), dificultando la llegada de los rayos y esparciendo partículas en la estratosfera, o facilitando que los infrarrojos salgan de la atmósfera una vez que rebotan en la tierra; lo que ha venido siendo fuente de polémica entre los científicos, que están divididos sobre si puede contribuir a mitigar los efectos del cambio climático o agravar el problema, sin mencionar las cuestiones éticas sobre las decisiones que se tomaran o, incluso, si llegara a usarse a modo de “arma climática”.
Por consiguiente, la solución que aporta la ciberagricultura pasa por combinar la tecnología con una normativa que concilie los intereses de los agricultores, la seguridad alimenticia de las personas y la protección del Medio Ambiente. Y para ello es necesaria la incubación de una red empresarial de agricultores basada en este nuevo modelo de cyberagricultura, que invierta en I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación), fortalezca el crecimiento económico y, con ello, genere puestos de trabajo.
Javier López, socio de ECIJA
