En 2021, el uso de la factura electrónica creció casi un 300% entre las compañías españolas con respecto al año anterior. Por ello, el Gobierno de España aprobó la Ley Crea y Crece el pasado mes de octubre, con la que se establecerá su uso obligatorio en el seno de las empresas y de la actividad de los autónomos.
Hasta el momento, solo era obligatoria para las AA.PP y sus proveedores. Ante este contexto, Cegid ha confirmado el crecimiento de este tipo de herramientas en los últimos años.
“En lo que va de 2022, ya hemos emitido 3.133 facturas-e, frente a las 1.231 que emitimos en el año 2019”, apunta Antoni Guitart, responsable de Billage, solución de Cegid.
Factura electrónica: Digitalización del histórico
Además del boom de la emisión de facturas-e, las empresas están esforzándose en trasladar al universo digital las facturas emitidas anteriormente a través de métodos tradicionales. El incremento está siendo exponencial.
La factura electrónica ya es obligatoria en el 85% de los países miembros de la Unión Europea, para todas las empresas y autónomos
Diez Software, solución de Cegid, para despachos profesionales, asesorías y pymes, ha multiplicado por 10 el número de facturas digitalizadas en 2 años. Mientras que en 2020 digitalizó 128.000 facturas y en 2021 ya fueron 784.000, sin haber terminado 2022, la compañía ha superado las 1.5 millones de facturas digitalizadas.
Justicia fiscal y competitividad de pymes y autónomos
Junto a la Ley Crea y Crece, se aviva la necesidad de digitalizar los trámites para cumplir las obligaciones tributarias y luchar contra el fraude fiscal. Para ello, en octubre de 2021, entró en vigor La Ley Antifraude: “esta normativa persigue combatir las nuevas formas de comportamientos fraudulentos, a través de un software de facturación denominado VeriFactu”, apunta Rafael Serna, CTO de Diez Software, solución de Cegid.
El fraude fiscal causa pérdidas anuales de 60.000 millones por impuestos evadidos y otros 31.000 millones por cuotas defraudadas a la Seguridad Social. En total, en España, esto supone unas pérdidas de más de 90 millones de euros anuales.
En definitiva, estamos en un momento de rápida evolución, con el objetivo claro de remar hacia la digitalización y transparencia, que ayude a frenar el fraude fiscal, desde cualquier punto de contacto de las empresas con las administraciones.
