Os lo aclaro pronto. Me refiero en esta ocasión a Radar COVID. Lo que más me duele no son los 1,5 millones de euros que ha costado, sino que Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, diga que es una «herramienta impecable». ¿Sirve para algo? En mi móvil no hace más que indicarme que la App está en funcionamiento (siempre en color verde sin contactos de riesgo), y que la mantenga activa. ¿Para qué?
Por lo visto ha sido descargada por un 18% de la población, y desde el pasado 1 de septiembre ya está siendo utilizada por todas las comunidades autónomas. Pero algunas de ellas no se han adaptado al sistema de envío de códigos pertinentes. ¡Un problema de transformación digital!, según la secretaria. Es la consecuencia de vivir en un Reino de Taifas. A nivel sanitario, además de otros.
Según el reciente informe Navegantes En Red (ya en su edición 23), se encuentra en los dispositivos de más de un tercio de los navegantes (36,6%). Y es que más de un 41,5% de los internautas tiene instalada algún tipo de aplicación relacionada con COVID-19.
Radar COVID tiene 300.000 € de presupuesto y arranque, y otros 600.000 € anuales a dos años para mantenimiento correctivo y otros 600.000 € para evolutivo
300.000 € de presupuesto y arranque, y otros 600.000 € anuales a dos años para mantenimiento correctivo y otros 600.000 € para evolutivo. Nuestro consuelo es que no ha costado los 20 millones de la solución alemana, según la secretaria.
Dejando a un lado lo que debería ser una instalación obligatoria para TODOS, ¿de qué vale si no se utiliza correctamente desde la sanidad pública? Es que ha sucedido en mi propia familia. Das positivo en PCR y no te dan un código de diagnóstico para que lo introduzcas en la App. Es más, preguntas en tu ambulatorio tanto en centralita como a tu médico y no saben de qué les estás hablando. Por cierto, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Bufff…
Aun así, la App la tenemos activa toda la familia.