Los que preveían que, cuando la compra de VMware por parte de Broadcom fuera efectiva, se iba a producir un espectacular terremoto, parece que tenían razón. Muy pocas adquisiciones han dependido tanto del entorno y de factores externos, pero sí es la única en la que desde el primer momento se iba a saber lo que iba a suceder al día siguiente de la adquisición.
Las previsiones, de hecho, se quedaron cortas. A día de hoy, y tan sólo cuatro meses después de la compra, la nueva VMware by Broadcom puede presumir de haber despedido a buena parte de la plantilla y tener en el descontento y la incertidumbre a otra parte; haber liquidado a uno de los mejores canales de distribución del sector TIC; descoyuntar por completo la oferta de producto; aniquilar las páginas webs locales; tener descontentos a los clientes con un cambio de licencias que todavía no llegan a comprender y, de paso, subirles de forma radical los precios… ¿Qué más se puede pedir?
Pues sólo le faltan las demandas. Y éstas pueden estar cercanas. CISPE es la organización de proveedores de servicios cloud europea y ha decidido dar la alerta por las prácticas de Tan Hock, CEO de Broadcom. Este conjunto de empresas acaba de rogar a los reguladores, legisladores y tribunales de toda Europa que examinen de forma rápida la nueva política de Broadcom: no creen que sea legal que Hock pueda cancelar de forma unilateral los términos de las licencias del software de virtualización con el que trabajan.
CISPE es la primera voz importante que da la señal de alarma contra las prácticas contractuales de la nueva VMware by Broadcom
No les falta razón. Empresas, organismos públicos, pymes o startups llevan años utilizando el software de VMware. Todos ellos firmaron unos contratos y unas condiciones que ahora Broadcom decide que no le gustan y que, por tanto, modifica a su conveniencia. Hock, parece haber asimilado el refranero español: “Son lentejas”. Sabedor de la importancia que tiene VMware para todas estas organizaciones y de la dificultad que tendrían para encontrar una alternativa, decide cambiar las condiciones y de paso, aumentar de forma notable el precio que venían pagando. Sólo falta que los nuevos contratos exija firmarlos en Sicilia.
Así que lo que CISPE pide es que, al menos, se produzca una pausa inmediata en las rescisiones de contratos y la capacidad de los clientes de salir del contrato plurianual impuesto por Broadcom tan pronto como estén disponibles alternativas viables.
El problema es grave ya que si muchas organizaciones carecen de la capacidad financiera de aceptar unas condiciones que multiplican por 12 el precio que venían pagando por las licencias de VMware y que están avaladas por un contrato (que debería cumplirse) podrían quebrar. Esta situación afectaría a los clientes de todas estas empresas que dejarían de disfrutar de un servicio que a su vez también tenían contratado y que no se va a cumplir por culpa de la política del magnate malayo. Hablamos de servicios de transporte, de ocio, médicos, financieros,… Es decir, no sólo las empresas se van a ver perjudicadas, sino que seremos los ciudadanos los que saldremos perjudicados.
La nueva política impuesta por Broadcom tiene un nombre: extorsión. CISPE es la primera voz importante que lanza la señal de alarma. No sería de extrañar que en los próximos meses aparezcan demandas contra la nueva VMware by Broadcom. Una pena que alguien que sólo busca el beneficio rápido haya matado a una de las mejores compañías TIC de este siglo.
