El Green Deal Europeo es la estrategia de crecimiento de la Unión Europea que aspira a transformar la Unión en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, sin emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. El motor de arranque, junto con la Agenda 20230, que ha impulsado las estrategias empresariales de ESG. Las empresas de todos los sectores están obligadas a caminar hacia un Gobierno Corporativo Sostenible. El enfoque de sostenibilidad en un contexto empresarial implica que las empresas tengan debidamente en cuenta las preocupaciones generales en materia social y medioambiental, como son los derechos de sus empleados y el respeto de los límites del planeta, con el fin de abordar los riesgos más acuciantes que les plantean sus actividades. Ello implicará necesariamente tener en cuenta los factores ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo en su actividad.
Las empresas deben prepararse para tener en cuenta en su política corporativa y también para poder verificar todos estos factores. Factores ambientales como la gestión de los recursos naturales: biodiversidad, cambio climático, huella de carbono, eficiencia energética, gestión de residuos, aguas y vertidos, economía circular, reciclaje, reutilización. Factores sociales como la satisfacción del cliente, la diversidad e inclusión, la salud y la seguridad de los trabajadores, las relaciones de la empresa con las comunidades en las que opera, o el respeto a los derechos humanos en la cadena de suministro. Factores de buen gobierno corporativo como son la ética y transparencia en la definición, estructura y funcionamiento de la empresa, los riesgos operacionales como la ciberseguridad o la cadena de suministro.
Con el fin de vincular a las compañías a este nuevo gobierno corporativo sostenible, a nivel europeo se prepara una propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Se pretende fomentar un comportamiento con impacto social positivo, sostenible y responsable de las compañías. Esta directiva obligará a las grandes empresas a identificar, prevenir y diseñar medidas contra los efectos negativos a los derechos humanos y al medio ambiente. Otras organizaciones, como las pymes colaboradoras o que formen parte de su cadena de suministro, se verán influidas de modo indirecto. Con esta Directiva, las víctimas pueden emprender acciones legales por daños y perjuicios que se podrían haber evitado con una adecuada diligencia debida. Además, incluye que las personas que ocupen cargos de dirección deberán tener en cuenta en sus decisiones el impacto en derechos humanos, cambio climático y medioambiente.
La diligencia debida es un proceso continuo, de ejecución sucesiva, que realiza una empresa de una manera prudente y razonable, a la luz de las circunstancias y en el sector en que opera, para hacer frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos y el medio ambiente.
Las empresas deberán identificar, evaluar todos los efectos adversos; prevenir y mitigar los efectos adversos potenciales; y cesar y en su caso reparar los efectos adversos reales sobre los derechos humanos, el trabajo decente y el medio ambiente de sus propias actividades, de las actividades de sus filiales y de las que se realicen a lo largo de su cadena de valor. Las empresas elaborarán, desarrollarán, implementarán y harán público de manera visible, clara y diferenciada en su web, un Plan de Diligencia Debida, con la debida participación de las partes interesadas. Por otro lado, el cumplimiento efectivo de las obligaciones de diligencia debida condicionará para poder participar en las licitaciones de los contratos públicos, toda vez que se prevé un régimen sancionador.
La Inteligencia Artificial (IA) puede contribuir en la transición al nuevo modelo de gobierno corporativo
El horizonte temporal para que esto sea una realidad en España es próximo, por cuanto que ya existe un Anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos Humanos, de la Sostenibilidad y sobre la Diligencia Debida en las Actividades Empresariales, que en un principio aplicará a las empresas y grupos de sociedades con un número de trabajadores igual o superior a 250; que el importe neto de la cifra anual de negocios a nivel mundial sea superior a 40.000.000 de euros; o que sean entidades de interés público de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas. Se tipifican en este proyecto normativo infracciones leves como el no colaborar con la autoridad supervisora o no comunicar la declaración y el plan de diligencia debida empresarial, que se puede llegar a sancionar con multa del 0,25 por ciento del volumen de negocios total mundial de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa. También infracciones graves como publicar la declaración y el plan de diligencia debida empresarial, que se sancionará con multa del 0,5 por ciento del volumen de negocios. E infracciones muy graves como no elaborar el plan de diligencia debida empresarial o no llevar a cabo la evaluación del mismo, que se podrá sancionar con multa del 2 por ciento del volumen de negocios total mundial de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior.
En este contexto, ciertamente la Inteligencia Artificial (IA) puede contribuir en la transición al nuevo modelo de gobierno corporativo, como proceso automatizado en la toma de decisiones para afrontar todos los desafíos en materia de prevención y mitigación de daños a los bienes jurídicos protegidos (medioambiente derechos humanos). La prevención de los potenciales efectos adversos dependerá del contexto geográfico y los valores naturales tutelados, el sector de actividad de que se trate, la comunidad donde se desarrolla la actividad, la gravedad y la probabilidad de los efectos adversos, y la capacidad de influencia que la empresa o su actividad pueda ejercer sobre el causante directo del impacto. El aprendizaje automático y los enfoques basados en la lógica y el conocimiento previo e informatizado, pueden servir para elaborar los Planes de Diligencia Debida.
Ciertamente, la IA podrá ser utilizada al servicio de la estrategia ESG de la empresa para evaluar y verificar los factores Ambientales (eficiencia energética, huella de carbono, economía circular (reciclado y reutilización); los factores Sociales (derechos humanos, seguridad de los trabajadores, relación con consumidores, con las comunidades); y los factores de Gobernanza (transparencia, riesgos operacionales, ciberseguridad, cadena de suministro).
En definitiva, creemos que la IA está llamada a ser clave para evaluar y revisar la eficacia y la idoneidad de las medidas de diligencia debida y de su aplicación.
Por Víctor Moralo Iza, Attorney and Partner ECIJA
