Las últimas medidas del Gobierno son un nuevo recorte de las condiciones en las que los funcionarios públicos desempeñamos nuestra labor. No sólo afecta a nuestros sueldos, también se reducen drásticamente las partidas presupuestarias necesarias para dar un servicio público de calidad a los ciudadanos. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son la respuesta a la sostenibilidad de los servicios públicos. Los profesionales de la Administración que nos ocupamos de implantarlas y gestionar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, conjuntamente con el resto de nuestros compañeros en el servicio público, podemos y sabemos aportar soluciones a los retos con los que se enfrenta nuestro país.
Los funcionarios de los Cuerpos Superiores adscritos a unidades para el desarrollo de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración, somos responsables de la calidad y buen funcionamiento de las aplicaciones e infraestructuras tecnológicas que soportan sus procesos internos y de la relación de aquella con la sociedad a través de Internet. Más del 50% de los trámites de los ciudadanos y del 80% de los que realizan las empresas con la Administración del Estado se desarrollan por medios electrónicos. Todo ello soportado con menos del 4% del total del presupuesto de la Administración.
Los profesionales de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración vemos con preocupación cómo, un paquete de reformas tras otro, no incluye medida alguna que aproveche las capacidades de la tecnología para transformar la Administración. Con tan sólo un estudio y el rediseño de los más de dos mil procedimientos administrativos de la Administración General del Estado, donde se aprovechara todo el potencial de la tecnología para eliminación de trámites y reducción de plazos, nuestro país y el sector público se ahorrarían cantidades muy superiores a los recortes anunciados. La aplicación de la tecnología en la Administración es un factor multiplicador de la productividad del sector público estimado en más de un 40%.
Además de recortarse nuestras retribuciones, a lo largo de este año, y sin contar con las últimas medidas, también se ha reducido en algunas unidades más de un 20% los presupuestos necesarios para realizar nuestro trabajo. Esta reducción no sólo impacta en la eficiencia y calidad de la Administración, también tiene un efecto inhibidor sobre el sector tecnológico del país, dependiente en un 25% de nuestros proyectos, y que debería liderar la salida del actual escenario de ralentización económica y el cambio del modelo productivo. Es necesaria una apuesta decidida por las infraestructuras comunes de Administración Electrónica por parte de los Gobiernos Central y Autonómicos, que acompañada de una consolidación de activos y servicios, aminore el impacto sobre los servicios públicos de esta reducción presupuestaria.
El Gobierno, tanto el actual como el inmediatamente anterior, han desperdiciado en tres ocasiones la oportunidad de incluir entre sus acciones de reforma la principal medida que ayudaría a aprovechar el potencial de la tecnología: La creación de la figura del CIO, máximo responsable en la Administración de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, con competencias para su gestión integral, tal y como ya existe en países de nuestro entorno. Con ello, se evitarían duplicidades y se crearían las sinergias necesarias para optimizar, en hasta el 25%, el presupuesto en Tecnologías de la Información, manteniendo, e incluso mejorando, los servicios.
Las Tecnologías de la Información constituyen la principal palanca transformadora del servicio público, siendo las infraestructuras e instrumentos esenciales para la creación, el intercambio y la difusión del conocimiento, a la vez que el elemento catalizador de nuestra capacidad innovadora. Sin tecnología no puede existir una Administración moderna, eficaz y eficiente, que entregue el máximo valor a los ciudadanos a cambio de cada uno de los euros que paga en impuestos. El Gobierno no debe olvidar el potencial de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para diseñar las reformas que, de verdad, darían sostenibilidad al sector público más allá de los recortes coyunturales.
