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Los gigantes digitales ya utilizan las tecnologías y soluciones de big data, IOT y machine learning para realizar predicciones cada vez más exactas de nuestros comportamientos y poder ofrecernos publicidad y contenidos personalizados que se ajuste como un guante a nuestros intereses y necesidades. Eso no es ciencia ficción, sino exactamente el modelo de negocio en el que se basan las multinacionales propietarias de las grandes aplicaciones tecnológicas que todo conocemos. Si esa tecnología está disponible, y está siendo ya de hecho explotada de forma rutinaria al servicio de intereses empresariales privados, ¿por qué no aprovecharla y reorientarla para los objetivos de interés general?

Si muchos lamentan la ausencia de las administraciones públicas, como reguladores, en un campo tan nuevo como este y abierto a riesgos evidentes y objetivos como la explotación no consentida de los datos, la invasión de la intimidad o incluso la manipulación de la conducta y las opiniones con fines espurios mercantiles o electorales, otros lo que más lamentamos es la falta de iniciativa e inversión pública en el uso y desarrollo de estas tecnologías para la mejora de los servicios públicos. Difícilmente, además, se puede legislar sobre lo que no se conoce, y mientras no conozcamos a una administración emprendedora en inteligencia artificial y big data, difícilmente conoceremos una administración eficaz y preparada para combatir sus abusos por parte de los operadores del mercado.

Las razones principales para que la administración se convierta en emprendedora tecnológica en estos ámbitos son sin embargo y probablemente otras (aunque acabar con el vacío legal imperante también sea una cuestión muy relevante). La primera y fundamental es el beneficio objetivo y real que se puede extraer de estas tecnologías. Si las fuerzas del mercado ya han sido de extraer todo su potencial para un nuevo modelo de publicidad personalizada y dirigida completamente disruptivo como respecto al anterior, por qué no pensar que podemos llegar a nuevos modelos de medicina o educación personalizada mucho más eficaces que se traduzcan en una mejora revolucionaria de los servicios públicos que la administración no presta y por tanto en una optimización del uso de los impuestos que pagamos para financiarlos.

Entre las razones principales para que la administración se convierta en emprendedorase encuentra el beneficio objetivo

En segundo lugar, no podemos subestimar la capacidad de la inversión pública para reorientar el contenido y objeto del I+D+i de los actores privados que operan en el mercado, e incluso la propia diversificación de esos actores en detrimento de las fuertes tendencias monopolísticas que actualmente lesionan la competitividad de ese mercado y la propia capacidad regulatoria de las administraciones. Dicho de otra forma, estimulando con dinero público una innovación dirigida a objetivos de interés general y abierta a la participación de pymes y emprendedores tecnológicos, las administraciones públicas pueden lograr que el aprendizaje de máquinas, el uso de datos a gran escala y la inteligencia artificial enfocados a la predicción y desarrollo de itinerarios ultrapersonalizados sean percibidos no como amenazas al individuo y su autonomía, sino como todo lo contrario.

En el campo concreto de la medicina y la educación, las posibilidades son extraordinarias y, en el sur de España, donde la inversión privada en innovación es menor, hay dos proyectos públicos realmente ejemplares y que apuntan en esa dirección. En Extremadura, a través del proyecto MeDEA, la administración está promoviendo un proyecto de medicina personalizada centrada en el paciente que utiliza la información genética junto a otros datos relevantes de la respuesta a fármacos (antecedentes, datos analíticos, etc.) para optimizar la prescripción. A través de la inteligencia artificial y el análisis de datos, el proyecto pretende poner en funcionamiento un sistema de prescripción personalizada validado en condiciones clínicas reales en el Sistema Extremeño de Salud, con conexión al sistema de prescripción electrónica de Extremadura.

Por su parte, Andalucía tiene en marcha otro proyecto completamente disruptivo, que pretende prevenir el fracaso escolar a través de una intervención inteligente y ultrapersonalizada en el alumno basada en la predicción de su comportamiento a partir del análisis no solo de su evolución académica sino de otros variables de tipo socioeconómico y laboral de su familia y entorno. Se trata, en palabras de la propia Junta de Andalucía, de “poder anticipar y predecir elementos de riego que pudieran incidir en el desarrollo y rendimiento escolar para anticipar una respuesta adecuada y orientada a la mitigación de ese riesgo”.

En ambos cosas, los proyectos se están desarrollando a través de Compra Pública Innovadora, una fórmula de colaboración público-privada que se atisba como el instrumento jurídico fundamental para impulsar la innovación desde el sector público, por encima de los incentivos y otro tipo de ayudas tradicionales. En esta fórmula, sector público y privado comparten riesgos y beneficios en el desarrollo de una tecnología disruptiva. Para el sector público, esta compra de innovación representa la posibilidad de una mejora potencial muy significativa en un servicio público. Para el sector privado, además de un contrato, la posibilidad de tener un cliente con el que desarrollar y testar una tecnología completamente innovadora, cuyos derechos se conservan para una posterior explotación comercial (a otras administraciones o actores privados).

La bondad y utilidad pública de las tecnologías viene determinada por el uso que se realiza de ellas y sería un error monumental que las administraciones se pusieran de espaldas a la predicción inteligente basada en soluciones de inteligencia artificial, internet de las cosas y aprendizaje de máquinas. Muy al contrario, su deber es, en la medida de lo posible, tratar de liderar toda esa innovación encauzándolo al bien público

Francisco J. Fernández Romero, Socio-director Cremades Calvo Sotelo

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