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Manual de buenas prácticas para la contratación pública de Consultoría y Servicios TI

AMETIC, la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales, y AEC, la Asociación Española de Empresas de Consultoría, han elaborado conjuntamente, a partir de la experiencia acumulada por sus empresas asociadas, el Informe de buenas prácticas para la contratación pública que contiene consideraciones y recomendaciones sobre cómo se han de abordar los procedimientos de contratación en las Administraciones Públicas.

La implementación de estas prácticas tiene como objetivo maximizar el valor aportado y minimizar el precio, garantizando, al mismo tiempo, la transparencia y la libre concurrencia. Estas recomendaciones se refieren sobre todo a los contratos por procedimiento abierto, por ser el más habitual en Consultoría y Servicios TI.

Ambas entidades, conscientes de las limitaciones presupuestarias del sector público, consideran fundamental la puesta en marcha de mecanismos que aseguren la correcta transformación de los modelos productivos y el avance hacia la economía digital en línea con las directrices europeas marcadas para España.

Para ello, propone evitar las prácticas de contratación enfocadas únicamente a un objetivo de reducción del gasto en detrimento de la calidad del servicio. En este contexto, se hace especial hincapié en una práctica habitual sufrida por el sector durante la etapa de crisis: la adjudicación de los proyectos “a subasta” con bajadas respecto al precio de licitación de entre el 30% y el 50% y donde el criterio precio prima por encima del resto de conceptos, lo que dificulta la obtención de los resultados esperados del proyecto, pone en peligro la sostenibilidad de algunas empresas del sector y su capacidad de crear/retener empleo.

José Manuel de Riva, presidente de AMETIC, recuerda que “las empresas del sector TIC hemos desarrollado proyectos que han tenido una gran aceptación por parte de los ciudadanos en el ámbito tributario, de la Seguridad Social, en Ayuntamientos, en las Comunidades Autónomas, en el ámbito sanitario… Algo que nos permite realizar cada vez más trámites a través de internet. Esto ha permitido situar a nuestro país en una muy buena posición en el ranking que Naciones Unidas elabora sobre la implantación del e-Government en el mundo. Y también proyectos con los que la Administración se ha dotado de infraestructuras y sistemas de información que le han permitido avanzar en la eficiencia y simplificación administrativa que están en todo programa de gobierno”.

Una circunstancia, que para Manuel Pimentel, presidente de AEC, “ha dado lugar a una estrecha colaboración entre el sector público y las empresas españolas de Consultoría y Servicios TI que representan un volumen de actividad de 10.727 millones de euros en 2014 y que ha permitido que el sector mantenga una plantilla en torno a 140.000 puestos de trabajo. El nuestro es uno de los sectores con mayor capacidad para ofrecer empleo capacitado a jóvenes titulados y para retener talento, a la vez que es uno de los sectores que más invierte en la formación de sus empleados”.

Objetivos

Entre los principales  objetivos que persigue este documento de recomendaciones está la creación de empleo y retención de talento. El sector de la consultoría, no solo emplea a miles de personas en España, sino que lo hace de forma estable y con contratos indefinidos. En un sector que ha demostrado capacidad para crear empleo de calidad, que ofrece puestos de trabajo a un gran número de recién titulados y salida profesional a muchos de los jóvenes que están emigrando en busca de empleo de calidad en otros países.

Otro de los objeticos es garantizar a los clientes la relación óptima entre valor y precio. Asegurar el éxito de los importantes proyectos que el sector público ha de abordar para la implantación de la administración digital y los servicios públicos digitales.

Finamente y en consecuencia, se persigue promover la sostenibilidad y el crecimiento de un sector que debe considerarse estratégico para el nuevo ciclo que se inicia y en la transformación hacia la economía digital. Garantizar la competencia y promover la competitividad de nuestro país en un sector tan clave como éste en las licitaciones en el sector público y en el sector privado. Evitar la degradación del sector por una presión excesiva en precios de los servicios a contratar.

Recomendaciones

Nos encontramos ante un nuevo escenario de Transformación hacia la administración digital, en el que el sector de Consultoría y Servicios TI se reafirma como socio estratégico de la Administración en la modernización de sus procesos y la aplicación de las nuevas tecnologías al servicio de los ciudadanos, lo que repercute en una administración más eficaz y transparente.

Las recomendaciones recogidas en el manual que AMETIC y AEC presentan abarcan prácticamente todos los aspectos en la contratación pública de Consultoría y Servicios TI. Se refieren tanto al precio de licitación como al peso del precio, pasando por la fórmula de cálculo de puntos asociados al precio. La oferta desproporcionada, las penalizaciones,  facturación y cobro, son objeto, asimismo, de consideraciones que van más allá al tratar el tipo de contrato, la definición de alcance y la solvencia técnica o profesional. Hay recomendaciones sobre criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas así como sobre criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor. El equipo técnico, los Acuerdos Marco y la colaboración Público-Privada cierran esta guía manual de gran utilidad tanto para empresas contratantes como para las propias Administraciones

Conclusión

El documento elaborado por AMETIC y AEC concluye que el Sector Público español tiene aún por delante un reto importante de reformas y transformación para avanzar en la mejora de los servicios públicos a los ciudadanos y lograr incrementar la eficiencia administrativa, en el camino de lo que se ha venido a denominar la administración digital. La Agenda Digital para Europa, la Agenda Digital para España, las medidas impulsadas por la CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas), etc. así lo establecen. Sin embargo, pese a que todo parece indicar que nos encontramos ante un cambio de ciclo económico, aún persisten restricciones presupuestarias para proyectos de inversión que permitan realizar esa transformación y obtener todo lo que las tecnologías emergentes pueden aportar. Esto hace que en las licitaciones para la contratación de esos proyectos o servicios sea especialmente crítico asegurar que se adjudican a la mejor oferta. Entendiendo por mejor oferta no la de menor precio sino la que maximiza la relación entre el valor aportado y el precio y que, por tanto, asegura la obtención de los resultados y beneficios esperados del proyecto.

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