Un sinfín de posibilidades de inversión se presenta entorno a los proyectos basados en tecnología blockchain que cada día surgen en el mercado.
Se habla de la democratización de los servicios financieros, de la posibilidad de obtener grandes beneficios, de proyectos DeFi, de que grandes compañías permiten pagar sus productos con criptodivisas, de los funtokens que crean los equipos de futbol o de los NTFs con las mejores jugadas de la de NBA. En los últimos días incluso, hemos sido testigos de la publicación de la ley Bitcoin en la República de El Salvador, en virtud de la cual el país centroamericano ha establecido el Bitcoin como moneda de curso legal, y en apenas dos meses se podrá pagar cualquier tipo de bien y servicio con Bitcoins.
Dentro de todo este ecosistema, todavía carente de regulación en la mayor parte de los países a nivel mundial y ciertamente complejo desde el punto de vista tecnológico, no podían faltar aquellos que tratan de obtener un beneficio ilícito a costa de engañar a inversores que no quieren dejar pasar la oportunidad de obtener altas rentabilidades.
En Estados Unidos, ya en el año 2019, el Departamento de Justicia del Estado de New Yersey inició un procedimiento penal contra los responsables del proyecto denominado Bitclub Network que habría recaudado en Bitcoins el equivalente a 722 millones de dólares supuestamente para la obtención de rendimientos a través de un pool de minado de criptomonedas.
En nuestro país, la Audiencia Nacional ya investiga la posible defraudación cometida por los responsables de tres proyectos -Kuailian, Arbistar 2.0 y Algoritmhmics Group – basados supuestamente en tecnología blockchain y que consiguieron recabar inversiones multimillonarias de miles de usuarios a lo largo de todo el territorio nacional.
Los anteriores, son sólo tres ejemplos de los muchos procedimientos que a día de hoy se encuentran en fase de investigación en nuestros Juzgados de Instrucción, los cuales, apoyados habitualmente por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, tratan de trazar el destino de los fondos de los inversores y entender la naturaleza de los servicios ofrecidos cuya descripción suele ser conscientemente enrevesada. Los constantes movimientos de los activos que viajan de una wallet a otra sin un sentido aparente, sociedades constituidas en el extranjero, paraísos fiscales, o la falta de colaboración internacional de algunos exchanges ajenos a cualquier tipo de regulación, son sólo algunas de las dificultades propias de este tipo de investigaciones.
A pesar de la multitud de fraudes que se están cometiendo asociados a proyectos blockchain, la tecnología nunca es la responsable de un hecho delictivo
Todo ello seguramente impida que en muchas ocasiones las investigaciones que se siguen en todo el mundo consigan el objetivo buscado, quedando impunes muchas de las conductas delictivas cometidas por organizaciones criminales cada vez más profesionalizadas.
A pesar de la multitud de fraudes que se están cometiendo asociados a proyectos blockchain, la tecnología nunca es la responsable de un hecho delictivo, sí lo son aquellas personas que hacen uso de la misma con fines defraudatorios.
Un modelo de negocio a través del cual se ofrezca la posibilidad de obtener altas rentabilidades sobre la base de productos financieros complejos relacionados con tokens de criptoactivos podrá ser arriesgado desde el punto de vista de cumplimiento normativo, pero no será delictivo si no hay engaño, es decir, si los responsables del proyecto destinan la inversión obtenida a las finalidades prometidas y no reparten las mismas a través de esquemas piramidales.
Toda inversión entraña un riesgo y en el mundo de las criptomonedas ese riesgo será en la mayor parte de las ocasiones elevado, sin embargo, no por ello se puede criminalizar la tecnología en la que se basan.
Por César Zárate, socio de ECIJA
