El hecho de que disfrutemos de escándalos de corrupción mayúsculos, léase, ERES y Cursos de Formación en Andalucía, pago con dinero negro de las reformas de la sede del partido en el Gobierno, con todo su Gurtel alrededor, la fortuna oculta de los Pujol o la financiación ilegal por parte de Venezuela de Podemos, a través de su peón Monedero, -enumerado en orden cronológico- no pueden esconder otros de menor impacto social, pero igualmente gravísimos, como es el caso en el que está involucrada nuestra gran empresa tecnológica Indra.
No puede pasar un minuto más sin que los responsables de esta empresa den las oportunas explicaciones para conocer exactamente qué tipo de contrato se ha firmado con la Comunidad de Madrid. El diario “El País”, aseguraba que el Gobierno de Ignacio González mantiene desde 2011 un pacto con la firma tecnológica para que ésta pague retribuciones periódicas, establecidas por contrato a jueces, fiscales, secretarios y funcionarios judiciales a cambio del asesoramiento que estos prestan en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas que permitan agilizar la justicia madrileña.
Es que suena a coña. Para alguien que no esté al tanto de estos temas, simplemente, no se puede entender. Resulta tan obvia la irregularidad del procedimiento que debe tener una explicación de lo más sencilla. Cuanto más lo analizas, más te alucina. Hasta 32 personas de la judicatura han estado cobrando de Indra. Si hacemos caso de las filtraciones publicadas, la multinacional española habría desembolsado por este concepto una cifra aproximada a los 290.000 euros. ¿A cuánto habrá ascendido el monto total del concurso? Porque no me creo que Indra esté perdiendo dinero con esta operación. Mientras tanto, eso sí, las televisiones nacionales nos muestran cómo se pierden expedientes judiciales en Juzgados como el de Móstoles, entre montones de papeles dispersados por habitaciones destartaladas.
Los que ya llevamos unos cuantos años por estos lares, sabemos que siempre han existido mordidas, comisiones, favores de todo tipo, e, incluso, chantajes por parte de grandes compañías radicadas en España para conseguir concursos públicos. Es el momento de decir “basta” y aclarar todos los pormenores de este concurso: yo no me puedo creer que sea cómo lo están contando.
Me voy al Mobile de Barcelona. Después de cuatro asistencias consecutivas, a la organización continúa sin servirle nuestro carnet de periodista, o la condición de colaborador de medios técnicos para conseguir la entrada al recinto ferial. No solo te requieren para rellenar de nuevo el cuestionario imperativo con los datos que ya tienen, sino que hay que enviarles una prueba física de que has escrito sobre la materia. Todo OK. En el tedioso formulario declaras también que no quieres recibir información publicitaria, pero, a los pocos días, te inundan el correo con todo tipo de comunicados: sin tu permiso, le han facilitado tu correo a todas las empresas expositoras.
