¿Pero por dónde más meter la tijera? Es una difícil encrucijada. Reducir drásticamente ese gran desequilibrio sin tener en cuenta posibles efectos contractivos para una economía que debe seguir evolucionando puede ser contraproducente. Cuando existe la imperiosa necesidad de recortar gasto, lo inteligente es aplicar medidas que coadyuven al ahorro, no que paralicen actividades irrenunciables para la estabilidad y el progreso. No hay que prescindir, en un ejemplo trivial, del suministro eléctrico, sino invertir en bombillas de bajo consumo.
En esta coyuntura, los gestores públicos bien podrían detenerse a considerar recetas aún desapercibidas. Una de ellas se haya en la tecnología. Pero no en el tradicional y manido discurso de la optimización de costes tan utilizado por el sector. Colaborar en la reducciones del déficit público es factible a través de prácticas como el aseguramiento de la calidad del software que emplea y desarrolla la Administración.
Antes de que llegara la crisis y las restricciones presupuestarias, las administraciones públicas españolas han venido realizando importantes inversiones en desarrollo de software. Pero en muchas ocasiones no repararon en si todo el gasto era realmente necesario y si los desarrollos se hacían bien y con calidad, es decir, comprobando que las aplicaciones cumplían las necesidades y funcionalidades específicas para las que estaban siendo creadas.
Al rebufo del sector privado que, durante los años de bonanza económica, estimó que lo importante entonces era desarrollar software con rapidez para adelantar a la competencia, las administraciones públicas, sin tener esa urgencia, siguieron la estela del mercado y confiaron plenamente en sus proveedores TI. En otras ocasiones fueron otros factores los que propiciaron este apresurado comportamiento. Como la necesidad de cumplir determinados compromisos electorales o agotar subvenciones y ayudas relacionadas con los planes o programas tecnológicos puestos en marcha.
Y al igual que el sector privado, nadie reparó en que las consecuencias de los defectos en el desarrollo de las aplicaciones serían muy costosas a medio y largo plazo, afectando tanto a los costes del mantenimiento correctivo como a los de explotación. Además, implican interrupciones del servicio y una mala imagen frente a los usuarios de los servicios TIC, que en este caso son los ciudadanos y las empresas. Con la llegada de la crisis y, vistas las cosas en retrospectiva, el perjuicio es aún si cabe mucho peor.
Durante 2008 y según datos de consultoras especializadas, las administraciones públicas españolas gastaron sólo en desarrollo de software unos 1.100 millones de euros. Si desde ese año hubieran realizado actividades de testing, en 2013 -fecha en la que existe el compromiso con la UE de volver al Pacto de Estabilidad europeo reconduciendo el déficit hasta el 3%- habrían ahorrado 750 millones de euros durante todo el periodo, a razón de 125 millones al año.
Esa cantidad total significa más de la mitad del ahorro adicional previsto por parte de las comunidades autónomas y las entidades locales en el plan de ajuste de Zapatero. O una parte nada desdeñable de los 6.000 millones de euros (un 40% de los famosos 15.000 millones de ajuste entre 2010 y 2011) que recae en pensionistas y funcionarios. Así, está claro que la tecnología puede ayudar a España en estos momentos de sacrificio que atravesamos. Y mucho.
