El Gobierno español dedica una importante labor de promoción y fuertes inversiones al desarrollo de la facturación electrónica, a la que considera como una de las dimensiones más importantes de la Sociedad de la Información.
Entre 2006 y 2009, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de las convocatorias de ayudas del Plan Avanza, financió 215 proyectos para la incorporación de la factura electrónica, con una movilización de fondos de 238,4 millones de euros. En el mismo periodo, el Ministerio de Industria destinó más de 10 millones de euros al impulso de la factura electrónica dentro de los convenios de colaboración firmados con las Comunidades Autónomas. Y para este año, el Plan de Difusión de la factura electrónica contará con una dotación de 475.000 euros.
A pesar de este loable esfuerzo, todas las cifras aportadas por los principales analistas internacionales, a los que se suma DocOnTime, no conceden a España más de un 5% de penetración de la factura electrónica.
¿Qué nos dice esta cifra? Sencillo. Que las ayudas anteriormente mencionadas suponen un derroche de esfuerzos, acorde con nuestra posición de que invertir cuando no existe el ecosistema de soluciones/opciones que permitan hacerlo sin un coste elevado en tiempo y dinero para las empresas, no deja de ser una frivolidad
