Parece que la modernización tecnológica está llegando a las administraciones públicas. Así al menos se desprende de un informe realizado por la Asociación Española de Empresas de Consultoría. Entre los hitos que revelan la modernización de las AAPP se encuentran la puesta en marcha del los planes Avanza y Moderniza, así como la aprobación en junio de 2007 de la Ley de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. La aprobación de esta ley convierte a España en uno de los pocos países que, junto con Austria, Finlandia, Francia, Italia y Estados Unidos, ha desarrollado una ley específica de Administración Electrónica y el único de nuestro entorno que reconoce el derecho de acceso electrónico a los servicios públicos a sus ciudadanos.
La Asociación Española de Empresas de Consultoría ha presentado en Madrid el informe sectorial Administración Pública: modernización y excelencia en el servicio al ciudadano, elaborado en colaboración con el Ministerio de Administraciones Públicas. En el documento se analiza la situación en que se encuentra actualmente la Administración y se plantean retos estratégicos a los que deberá hacer frente para poder cumplir con los términos de eficiencia que actualmente se exigen a las Administraciones Públicas.
La descentralización política y administrativa y el proceso de integración europeo han sido los principales acontecimientos impulsores de la modernización de la Administración en España, que se ha visto obligada a adoptar un nuevo modelo de gestión pública, basado en la eficiencia, la productividad, la orientación a resultados y la calidad. En este sentido de búsqueda de la eficiencia y la calidad en el servicio al ciudadano, las TIC se convierten en una herramienta idónea, ya que permiten a las AAPP atender a los ciudadanos y empresas de una forma más rápida, accesible, ágil e interactiva.
Según afirmaciones de Juan Miguel Márquez, Director General de Modernización Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas, la diferencia que introduce la nueva ley radica en que “hasta la aprobación de esta ley, era la propia Administración la que decidía en qué casos, en qué momentos y a través de qué canales se daba acceso a los ciudadanos y empresas mediante el uso de medios electrónicos a los servicios públicos. La ley establece ahora que todos los procedimientos y servicios públicos deben estar disponibles en línea antes del 31 de diciembre de 2009”.
Con el objetivo de cumplir con esta ley en la Administración General del Estado en los plazos previstos, el Gobierno ha aprobado un plan de desarrollo, en el que se formulan 21 medidas para lograr unos servicios orientados al ciudadano, facilitar la cooperación entre las Administraciones, conseguir incrementos de productividad y garantizar que los más de 2.500 procedimientos administrativos que existen actualmente en la Administración General del Estado sean accesibles electrónicamente antes del 21 de diciembre de 2009.
Para Diego Pavía, presidente de la AEC, las empresas de consultoría y la AEC tienen un papel muy claro en este proceso de modernización: “acompañar a las Administraciones Públicas en ese camino en el que debemos aportar buenas prácticas, conocimiento y experiencia. Pero no solo eso: debemos ser capaces de proponer soluciones imaginativas, innovadoras, que rompan con la inercia, el statu quo y la forma de hacer las cosas”. José de Rafael, director general de la AEC, “propone”, por su parte, “convertirnos en un socio estratégico para asumir y compartir riesgos y situar a la Administración Pública española en niveles de competitividad internacional”
