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El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, galardonado por su “Proyecto de Interoperabilidad”

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha recibido el premio al “Proyecto Referente en Interoperabilidad en Administración Central” otorgado a la plataforma de intermediación de datos, desarrollada en la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en colaboración con Fujitsu.

El galardón fue entregado durante el  “II Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad” (CNIS 2012),  un evento celebrado en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y Timbre, que contó con la presencia de más de seiscientos asistentes provenientes de las Administraciones Públicas y de la Industria. En esta segunda edición se han reconocido las mejores prácticas relativas al ENI (Esquema Nacional de Interoperabilidad) y al  ENS (Esquema Nacional de Seguridad).

El objetivo de este proyecto desarrollado en colaboración con Fujitsu, denominado “Plataforma de Intermediación: servicios de verificación y consulta de datos” es hacer efectivo el derecho del ciudadano a no tener que presentar documentos que obren en poder de la administración, sustituyendo esta presentación por una consulta a los datos, a través de la plataforma, de manera que no se tendrá que presentar fotocopia de DNI, el volante de empadronamiento, el título universitario o datos del catastro, etc…

Un aspecto reseñable del proyecto es que ha conseguido superar los problemas de interoperabilidad organizativa de forma masiva, dentro de las Adminstraciones Públicas, con los organismos cedentes de datos y con los organismos cesionarios de dicha información. Más de 100 aplicaciones de distintas entidades de las Adminstraciones Públicas usan ya la plataforma y en 2011 se han completado más de 17 millones de transmisiones de datos. Este proyecto contribuye a lograr el objetivo marcado en el Consejo de Ministros del 6 de junio del 2011 relativo a eliminar la solicitud de documentación al ciudadano en la Administración General del Estado en el 40% de los trámites en los que aún se seguía solicitando y en el 100% para el final del 2012.

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