A menos de 5 meses para la entrada en vigor de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común (LPAC), la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas españolas se enfrentan a uno de sus mayores retos: la eliminación del papel de los expedientes públicos.
El principal desafío al que se enfrentarán las Administraciones Públicas para la eliminación del papel es cómo conseguir que los trámites presenciales realizados por los ciudadanos deriven hacia un expediente y archivo 100% electrónico
Siguiendo la línea de la ya derogada Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP), la nueva Ley de Procedimiento se muestra mucho más contundente en sus principios, arrinconando el uso del papel a un espacio residual en el que únicamente se faculta al ciudadano de a pie (persona física) a la presentación de determinados escritos en papel, siendo obligación de la administración pública competente su digitalización e incorporación al expediente en formato electrónico, ya que, como se señala en la exposición de motivos de la Ley, “la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones”.
El reto de la atención presencial y el cero papel
El principal desafío al que se enfrentarán las Administraciones Públicas para la eliminación del papel es cómo conseguir que los trámites presenciales realizados por los ciudadanos ─que seguirán existiendo y superando a los trámites electrónicos al menos en los próximos años─ deriven hacia un expediente y archivo 100% electrónico.
En vista del gran cambio que se avecina, algunos ayuntamientos ya han empezado a incorporar los servicios de firma electrónica manuscrita de ViDSigner para la eliminación , orientado precisamente a entornos presenciales de firma, lo cual permite a las administraciones que los ciudadanos que acudan a hacer alguna tramitación, aunque no tengan medios electrónicos, puedan firmar sus solicitudes e instancias sobre la tablet como lo harían en papel. De esta forma, los ciudadanos no necesitan disponer de ningún elemento adicional y a la administración pública le permite incluir la instancia firmada en el expediente de forma totalmente electrónica.
El servicio de firma se complementa, en caso de ser necesario, con un servicio de digitalización de documentos para el caso de que los ciudadanos tengan que aportar documentación adicional en papel a la solicitud, a la cual, una vez escaneada se le aplica una firma electrónica basada en sello de órgano.
Validated ID, la compañía prestadora del servicio ViDSigner ya ha empezado, junto con sus partners Audifilm, esPublico, ABSIS y Peakway, a hacer las primeras integraciones en sistemas de gestión pública para los Ayuntamientos como el de Parets del Vallès o Premià de Mar, los cuales se suman a otros ayuntamientos que ya integraron este servicio, como Barcelona, Terrassa, Sant Just Desvern o Sant Joan Despí.
“Las administraciones públicas tendrán que hacer frente a una nueva realidad, una especie de limbo en el que los ciudadanos continuarán acudiendo a las oficinas de atención ciudadana a presentar sus instancias, formular recursos o realizar cualquier trámite que necesiten para su vida diaria y es en ese contexto en el que se demandarán soluciones híbridas, sencillas para el ciudadano y en las que, sin mermar la seguridad técnica y jurídica del proceso permitan cumplir con el mandato del cero papel”, explica Fernando Pino Sola, Director Jurídico de ViDSigner.
