Andalucía, Extremadura y Valencia: las más piratas de España

Business Software Alliance (BSA) ha  presentado los datos del Segundo Informe de la consultora IDC sobre Piratería de Software en las 17 Comunidades Autónomas españolas, que pone de manifiesto una leve mejoría con doce regiones que han disminuido sus niveles de software ilegal, cinco que los mantienen y ninguna que haya experimentado un incremento.

No obstante, los cambios no son demasiado significativos ya que de acuerdo con este nuevo estudio, en España se mantiene una diferencia de hasta 30 puntos entre las comunidades con mayor y menor tasa de piratería: Andalucía, con un 58%, frente a Navarra, con un 28%. Cuatro comunidades están por encima del 50% y sólo dos por debajo del 35% (media UE).  En cuanto a la valoración económica del software ilegal comercializado en las distintas CCAA destaca el hecho de que a pesar de las bajadas de los índices de piratería, hasta doce regiones han incrementado el coste del software fraudulento, una lo mantuvo sin variaciones y sólo cuatro CCAA disminuyeron el volumen de pérdidas.

“En estos dos años transcurridos entre el primer y el segundo estudio sobre piratería de software por regiones en España, hemos detectado un ligero progreso a nivel nacional,  pero la  evolución no es uniforme y sigue habiendo regiones en las que la piratería del software tiene niveles dramáticos que no son propios de un país desarrollado. En general hemos avanzado muy poco y el nivel de software ilegal en las empresas es muy elevado en la mayoría de Comunidades Autónomas españolas”, destacó Luis Frutos, presidente del Comité Español de BSA.

“Estos altos índices de piratería suponen un lastre para las economías y un auténtico freno a la competitividad de nuestras empresas y de las regiones. Además, constituyen un factor de rechazo para la inversión extranjera, especialmente la de mayor valor añadido, que tiende a evitar aquellos países y áreas geográficas que presentan signos de deterioro en el respeto a la propiedad intelectual”, añade Frutos.

El ranking de piratería de software en las Comunidades Autónomas españolas establecido por IDC es el siguiente:

Andalucía, Extremadura, Valencia y Castilla-La Mancha lideran este ranking de nuevo con porcentajes por encima del 50%, lo que supone que más de la mitad del software utilizado en las empresas de estas Comunidades es ilegal. A modo de referencia internacional, estas regiones se situarían en niveles similares a los tienen países como  Grecia (58%), Egipto (59%) o Colombia (55%); por el contrario, Navarra están en la línea de países como Noruega (29%) y Holanda (28%), aunque todavía por encima de Reino Unido (27%) o Suecia (25%).

Respecto a las posiciones en el ranking nacional, no se producen variaciones de puestos significativas, excepto en el caso de Galicia que ha pasado del puesto 7º al 9º, intercambiando posición con La Rioja. La Comunidad de Madrid y Catalunya presentan los volúmenes de comercialización ilegal más altos de España, al ser los mercados más grandes de nuestro país, aunque no ostenten los  mayores índices de piratería.  Los cinco primeros mercados de software (Madrid, Catalunya, Valencia, Andalucía y País Vasco), concentran el 60% del mercado ilegal de software.

BSA lleva más de 20 años trabajando para erradicar la piratería en España, para fomentar el uso de software legítimo y para defender a la industria del Software y a las empresas, tanto  fabricantes como usuarias. Y, en definitiva, para ayudar al avance de nuestra Sociedad de la Información y situarla en el grupo de las más modernas de Europa.

En este sentido, colabora con las principales entidades e instituciones que, en el ámbito de todo el Estado, tienen capacidad para sensibilizar y concienciar a las empresas y a las sociedades en general en torno a los beneficios de invertir en tecnologías de la información y, por lo tanto, de equiparse con software original.

En el último año, el índice de piratería en España se mantuvo en un 42%, situándonos por primera vez por debajo de la mundial (43%) “lo que nos demuestra que esa colaboración y esta labor no sólo deben continuar sino hacerse extensivas a otras entidades con credibilidad y capacidad de actuación, como las CCAA, a fin de no estancarnos en estos niveles y seguir reduciendo esa tasa para lograr equipararnos a los países más avanzados de nuestro entorno”, concluye Luis Frutos.