DATISA explica que la Administración ha fallado en la gestión del proceso de implantación de la factura electrónica. Aunque puntualiza que, son fallos que se están subsanando poco a poco, lo cierto es que los primeros meses tras la entrada en vigor del uso obligatorio de este tipo de facturación para los proveedores de la Administración Pública han sido más caóticos que tranquilos.
A pesar de que el pasado 15 de enero de 2015 se hacía efectiva la obligatoriedad del uso de la factura electrónica para los proveedores de la Administración Pública, lo cierto es que varios meses después sigue habiendo instituciones de carácter público que continúan sin recibir este tipo de documentos.
El fabricante insiste además en que algunas Administraciones instan a los propios proveedores a que sean ellos quienes procedan a mecanizar la factura accediendo a la web de la propia Administración. Y, finalmente, muchos proveedores están recibiendo devueltas sus facturas en papel con la notificación pertinente de que deben ser remitidas por vía electrónica
Imponer la paciencia frente al caos
Sea por lo que sea, lo cierto es que el balance que se hace desde DATISA sobre la implantación y uso de la factura electrónica en las relaciones comerciales que mantienen empresas privadas y Administraciones Públicas, no es del todo positivo. Caos generado por el incumplimiento de plazos, por la disparidad de puntos de entrada de las facturas a la Administración, por las diferentes modalidades de entrega que se admiten o por las deficiencias en el retorno de las estados de tramitación (hay entidades que no devuelven información de estado o número de registro), son algunos ejemplos que ilustran lo que está sucediendo al respecto.
“Los desarrolladores de software han puesto al alcance de las empresas y organismos públicos, las soluciones tecnológicas necesarias para afrontar el cambio con garantías, seguridad y confianza, pues las herramientas están disponibles desde hace mucho tiempo”. Isabel Pomar, directora comercial de DATISA.
