Artículo 20 de la Constitución.
Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
Cualquiera que haya estudiado la carrera de Periodismo se ha tenido que aprender este artículo, pero es un texto que se debería estudiar en etapas educativas mucho más inferiores. Sobre todo que ahora, gracias a las redes sociales, cada ciudadano se cree un periodista y abogado en potencia. La frase, “en España hay libertad de expresión” se puede escuchar en una tertulia de bar o en una cena familiar. La libertad de expresión parece ser una patente de corso, para que cada uno diga la primera burrada que se le pasa por la cabeza, sin caer en la cuenta de que cada libertad, trae consigo unas obligaciones. En este caso, el punto 3 de este artículo, señala bien claro dónde se encuentran los límites: “Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.
La sociedad se está acostumbrando a reclamar derechos. Derechos, que para el pópulo, la gente, no conllevan casi nunca ninguna obligación, de tal forma que todo el mundo puede ser periodista o abogado porque “estamos nuestro derecho”.
Las redes sociales deberían regirse como si fueran un medio de comunicación y por tanto, el artículo 20 de la Constitución debería afectarles de lleno
Las redes sociales están llenas de picapleitos y plumillas de tercera. Gentes que se convierten en los apedreadores modernos de la María Magdalena de turno y que se creen con todo el derecho a hacerlo, sin observar la viga en el ojo propio. Muchedumbre que da pábulo a chismes que, en muchas ocasiones son falsos, porque les “ampara la libertad de expresión”.
Sin embargo, los apedreados (empresas, Instituciones Públicas, jueces, deportistas, periodistas, médicos,…) siguen manteniendo sus perfiles en las redes sociales a pesar de recibir insultos, descalificaciones y comentarios aberrantes de todo tipo. Sólo tienen que darse un paseo por los “trendings topics” del momento para ver la retahíla de maldad que destila el personal. La libertad de expresión parece amparar todo ello, pero no. Simplemente, la ausencia de obligaciones con respecto a la libertad de expresión es ficticia, puesto que en la gran mayoría de los casos estas agresiones verbales no son denunciadas por los apedreados. En el caso de que todas ellas llevaran su correspondiente denuncia, no habría ni juzgados ni abogados suficientes para poder tramitarlas. Las redes sociales son un medio de comunicación de la misma forma que lo es una emisora de radio, un periódico o una revista. Un medio de comunicación global, eso sí, en el que la redacción de los mismos está compuesta por millones de redactores. Twitter, Facebook y demás deberían regirse como si fueran un medio de comunicación y por tanto, el artículo 20 de la Constitución debería afectarles de lleno.
Independientemente de esto, a todos los afectados, ¿realmente les compensa seguir participando del circo? ¿compensa un pequeño incremento de las ventas participar del escarnio? Quizá si todas las empresas y usuarios famosos de todo tipo abandonaran sus cuentas en las redes sociales acabaríamos con la lacra. Si el motivo del insulto desapareciera, no habría a quién apedrear… pero me temo que se prefiere ver “qué se dice de uno” aunque ello conlleve pasar por el peaje de tener que soportar todo tipo de barbaridades. Al fin y al cabo, las redes sociales solo existen para incrementar el ego y la vanidad independientemente de que se sea una empresa, un abogado, o una Institución Pública.
