Con motivo de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el próximo 1 de julio, BSA | The Software Alliance en España informa sobre las consecuencias penales derivadas del software ilegal que se encuentre en los sistemas informáticos de las empresas., tanto para las empresas que dispongan de software sin licencia, como para los administradores de las mismas.
Las penas aplicables a las personas jurídicas, pueden ser las siguientes:
- Multa por cuotas o proporcional que pueden ascender a los 280.000 Euros.
- Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.
- Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
- Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
- Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.
- Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.
- Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.
En cuanto a los administradores, las penas previstas para los delitos contra la propiedad intelectual podrían alcanzar, en determinados caso, los cuatro años de privación de libertad, además de multas similares a las previstas para las personas jurídicas.
Carlos Pérez, Socio de ECIJA, la firma legal de BSA en España señala que “las empresas y sus responsables que dispongan en sus sistemas de software sin licencia se exponen ahora a duras consecuencias penales y a una serie de riesgos muy graves. Si se detecta que una organización dispone de software sin licencia, se arriesga a tener que pagar daños y perjuicios por las licencias de software que debería haber adquirido en primera instancia, además de las posibles consecuencias penales en caso de que se actué por vía criminal, y no solo civil. Además, las compañías también están obligadas a asegurarse de que todo el software está licenciado de forma adecuada de cara al futuro”.
El problema de la piratería de software necesita ser afrontado de forma clara en España. Según el último estudio de IDC, el 45% del software utilizado en los PCs españoles es ilegal. BSA alcanzó un nuevo récord de registros contra empresas españolas por uso de software ilegal en 2014. Las empresas investigadas por uso de software sin licencia en nuestro país tuvieron que pagar alrededor de 841.000 Euros, un 17 % más que el pasado año, consecuencia de las 177 acciones legales que llevó a cabo BSA en 2014.
Si una empresa tiene dudas sobre sus licencias de software, hay una serie de fuentes que pueden ser contactadas para obtener ayuda. Los proveedores de software y vendedores deben ser la primera referencia para responder a cualquier pregunta que puedan tener con respecto a la situación de su licencia. BSA anima a la gente a denunciar la piratería de software, ya sea en relación con empresas que utilizan software sin licencia o con individuos y organizaciones de venta de software ilegal a través de Internet. Los informes confidenciales se pueden realizar en la web de BSA. El sitio web de BSA también ofrece orientación y recursos que pueden ayudar a asegurar que una empresa está funcionando de manera eficiente y legal.
